martes, 21 de febrero de 2017

la Justicia estima en 100 millones el fraude cometido por UGT en Andalucía en ayudas públicas



El caso de las facturas falsas de UGT Andalucía va lento, pero con paso firme. Tras meses de investigación, ya se ha puesto sobre la mesa la cifra del posible fraude que el "sindicato" amarillo pudo haber cometido. Entre 2009 y 2013: más de 100 millones de euros de dinero público repartidos en 16 expedientes de subvenciones otorgadas por la Junta de Andalucía

Así lo ha determinado el perito designado por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla en un informe que detalla los expedientes que han de ser analizados. En este documento, el experto explica que en el periodo a investigar hay 32 ayudas y que, de ellas, serían "objeto de la pericial con seguridad 16".

Se trata de subvenciones recibidas por el sindicato que oscilan entre los 437.000 euros, como mínimo, y los 16,5 millones de euros de máximo. Hay una última ayuda de la que el técnico no tiene todos los datos "y, por tanto, no se puede determinar si serán objeto de la pericial", aunque tratándose de una subvención nominativa, "cabe la posibilidad de que sí lo sea finalmente".

Primera cifra del fraude

El resto de ayudas públicas, otras 15 que la Junta concedió a UGT-A entre 2009 y 2013, el experto descarta analizarlas "por ser las cuantías de las subvenciones concedidas y los gastos objeto de la investigación insuficientes para que con respecto a esos expedientes se hubiera podido cometer fraude en subvenciones, de conformidad con el Código Penal".

Es la primera vez que se ofrece una cifra sobre el posible fraude del sindicato. Hasta ahora, la única referencia que existía eran los 15,3 millones de euros que la Junta anunció en octubre de 2014 que reclamaría a UGT-A de los 26 millones concedidos entre 2008 y 2011 en 21 subvenciones en las que se habían detectado irregularidades.

El pasado mes de diciembre, el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, aseguró que el Ejecutivo andaluz le estaba reclamando al sindicato el reintegro de otros seis expedientes de ayudas para cursos, aunque no desveló la cuantía.




Facturas falsas: pancartas y cenas

En este Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla recayó la denuncia presentada en agosto de 2013 por el sindicato Manos Limpias contra responsables de UGT-A por, presuntamente, falsear facturas para pagar pancartas y publicidad para la huelga general del 29 de septiembre de 2010 y para gastos de funcionamiento.

A ésta siguieron otras denuncias por cargar a la Junta el pago de una cena para 150 personas en la caseta de la Feria de Abril de 2010 o el pago de unos maletines falsificados en China.

El denunciante atribuye a estos responsables del UGT-A los presuntos delitos de malversación de fondos públicos, falsedad y apropiación al desviar subvenciones de la Junta. El juez mantiene imputadas a 18 personas, entre ellas a los ex secretarios generales del sindicato Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla.

CNT-AIT, Cádiz: campaña "Por el Cierre de los CIEs". Concentración a las puertas de la vieja cárcel de Algeciras



Encuadrada dentro de la Campaña "Por el Cierre de los CIEs", el SOV de la CNT-AIT de Cádiz se concentró a las puertas de la vieja cárcel de Algeciras.
Tras extender la pancarta y la irrupción policial, una veintena de concentrad@s megáfono en mano, gritando "CIES, REJAS, REDADAS Y FRONTERAS, ASÍ SE CONSTRUYE LA RIQUEZA EUROPEA" entre otras consignas hicieron llegar al mas de millar de migrantes allí encerrad@s nuestra solidaridad y repulsa por su situación.
 

Esta lucha no acaba aquí continuaremos visibilizando la realidad que sufren las personas que huyen de la miseria.

LOS CIEs SON CÁRCELES ENCUBIERTAS
¡POR EL CIERRE DE LOS CIEs!
¡ABAJO LOS MUROS!

De la caspa en el medio libertario

 
“Salir del gueto” ha sido una canción entonada con frecuencia en los medios libertarios, lo cual, dada la situación confusa y aguachinada en la que se desenvuelven las luchas sociales, de por sí marginales, no significa más que quien la canta se dispone a dar la espalda a la verdad de las cosas en aras de una sobredosis de activismo. 
 
Encerrarse en un veganismo miope, un feminismo meramente gramatical, la lectura de Foucault o el punk no es más que una manera inofensiva de adaptarse a la triste realidad, pero no son mejores el voluntarismo ciego o la militancia orgánica. Eso no lleva a ninguna parte; es pan para hoy y hambre para mañana. Son tiempos de descomposición sin apenas movilizaciones, sin mayorías lúcidas y furiosas, y no queda otra que analizar bien el presente resaltando las contradicciones susceptibles de ampliar las grietas del sistema y alentar la revuelta. La crisis sigue su propio ritmo, lento y desesperante, abierto a todas las falsas ilusiones, las únicas que por ahora son capaces de agrupar mayorías. Pero cerrar los ojos a la experiencia pasada y apechugar con flagrantes sinsentidos a fin de tener compañía y disfrutar de un sucedáneo de acción no soluciona el problema, sino que lo empeora. La sabiduría popular se equivoca en ese punto: no por ser muchos reiremos más.

Creemos sinceramente que la presencia de anarquistas refractarios en los movimientos sociales contribuye a la radicalización de estos. Si además, se organizan en grupos de afinidad y se federan con mayor o menor formalidad, mejor que mejor. Continúan una tradición histórica que ha sido fructífera. Los espacios autogestionados, las cooperativas sin liberados ni asalariados y las asambleas de barrio son herramientas de lucha necesarias. Pero ¡ay! Si Teruel existe, el anarquismo de derechas también. Forzoso es reconocer que los resultados de las elecciones municipales del pasado 24 de mayo devolvieron la fe en las instituciones a amplios sectores de la población, más desconfiados con la política durante el 15M. El anarquismo edificante dejó de estar de moda en determinados ambientes alternativos. 
 
Una parte considerable de libertarios políticamente correctos ha quedado poco menos que traumatizada al ver que su medio natural, la clase media depauperada e informatizada, los estudiantes y la burocracia vecinal emigraban a otros pantanos. Su reacción no se ha hecho esperar: en multitud de reuniones los envidiosos del éxito ajeno claman contra el “cortoplacismo”; los generales sin tropa reivindican un “anarquismo social y organizado” con “vocación de mayorías”, y, finalmente, los más originales, sienten voluptuosamente la necesidad de “una gran iniciativa social” que nos lleve a “conquistar juntos una verdadera democracia”. Tal es el caso de los autores del manifiesto “Construir un pueblo fuerte para posibilitar otro mundo”, verdadero pastiche ciudadanista que ha tenido la virtud de encandilar a unos centenares de firmantes.

En cuanto a imaginación y oficio, no se puede decir que sobre a los redactores, pero, en fin, en la época de la modernidad líquida, lo que importa es la pericia con los SMS y los whatsapps, no el saber escribir frases de más de una línea. Ya con el título aluden al eslogan “otro mundo es posible” de los antiglobis, pero recuérdese que ellos se referían a otra globalización, a otro capitalismo, no a un “modelo rupturista” con el que “reconstruirnos como sociedad libre y soberana” a través de una “democracia libertaria de las personas, no de los mercados”. 
 
El análisis de la “transición” es tan simple como el “erase una vez” de los cuentos de hadas: lo más alejado de un balance. “Democracia” es una palabra que se repite ad nauseam, un claro guiño a los indignados del 15M, bien relacionada con “nuestros derechos” y “la defensa de nuestras libertades y bienes comunes” ante una “élite” que “no nos representa”. ¿Qué libertades y qué bienes? Palabras como “burguesía”, “proletariado”, “conciencia de clase”, “clase dominante”, “explotación”, “miseria”, “revolución”, “anarquía” o “autogestión” están completamente ausentes, lo que es normal si tenemos en cuenta que el manifiesto se dirige a la lumpenburguesía en su mismo idioma, parte de la cual ha preferido votar a los “compañeros” que “están optando por la vía institucional”. 
 
Estamos ante un intento de fabricar una “marca” anarquista grata a las clases medias, por eso el lenguaje usado ha sido expurgado de términos que les resulten molestos y violentos. El anarquismo guay de los tiempos líquidos no surge como expresión teórica de la lucha de clases, la revuelta urbana o la defensa del territorio, sino como ideología de la confrontación pacífica “en las calles y plazas” entre entes abstractos como “el pueblo”, “la sociedad” o “la mayoría” (lo que sus “compañeros” políticos llaman “ciudadanía”) y la maligna “élite” o “el 1%”. Ciudadanismo a largo plazo, nada contradictorio con el otro, pues solamente intenta “impulsar la independencia popular”, o sea, ocupar el espacio que aquél ha abandonado al marcharse por sendas electorales.

Bien. Como ya hemos hablado suficiente del guisado, hablemos ahora de los cocineros, pues no son precisamente lo que se dice vírgenes en la escena libertaria. Los impulsores del manifiesto de Apoyo Mutuo son militantes de variado origen, así como quienes lo han suscrito. De alguna forma Apoyo Mutuo representa en el estado español al plataformismo, la corriente más retrógrada del anarquismo, caracterizada ante todo por el fetichismo de la organización, el santo grial del “programa” y el oportunismo sin límites de su práctica. 
 
A pesar de arrogarse una genealogía que arranca con el mismísimo Bakunin, este fenómeno de feria nació en Chile hace quince años sacando del desván el tema del “partido anarquista”, centralizado, jerarquizado y disciplinado, con un programa único. Un “comité ejecutivo” se encargaba de “despertar” a las masas desde fuera para que alumbrasen formas de “poder popular”, gracias a una dirección “correcta” que no dudaba en enfangarse con aventuras políticas. Izquierdismo de reminiscencias leninistas, que necesita altos niveles de sectarismo y alucinación para reinterpretar en clave burocrático-vanguardista una realidad muy alejada de los delirios autoritarios plataformiles. Es pues un producto de la desagregación cultural, política, económica y social del capitalismo, verdaderamente hostil al sueño igualitario, cuentista y propio de los fragmentos de clase asociados a la gestión que el sistema expulsa en sus huidas hacia adelante.

El plataformismo es la única corriente dentro del anarquismo que habla de “poder” y justifica sin complejos la férrea necesidad de una burocracia mediadora. La versión española es más light y posmoderna, tal como expresa su léxico buenrollista, y su vanguardismo está mejor disimulado en una “red de militantes” y una flexible “hoja de ruta”. Igual que sus mentores, Apoyo Mutuo considera la desorganización como el peor de los males y a los espontaneístas como al gran enemigo. Ignorando cualquier otra consideración, todos los males de la tierra son causados por falta de organización, y lo que es peor, por falta de un “programa común” que impide “actuar conjuntamente”. Hay que “acabar con la dispersión organizativa” y, gracias a una ingeniosa separación entre objetivos parciales y objetivos finales, “desarrollar las estrategias y tácticas que se estimen oportunas”, algo que se traducirá en prácticas reformistas y militantistas de tipo sindicalero, municipalista, asociacionista o parainstitucional. 
 
Como es de rigor, Apoyo Mutuo postula la necesidad de una burocracia dirigente a la que denomina “pueblo organizado” que administre el “poder popular”. Ha tenido buenos maestros en los figurones anarquistas que traicionaron la revolución durante la pasada guerra civil; por eso han de estar por la rehabilitación de la casta libertaria que renunció a todo menos a la victoria de sus renuncias. 
 
Revisionismo historiográfico necesario para la mitificación de un pasado con las miserias a buen recaudo: el partido de la verdad convertido en verdad de partido. El manifiesto nos trasmite un mensaje claro: la socialdemocracia libertaria buenista ha venido para quedarse y que se preparen los impresentables críticos de lo orgánico y los desorientados habitantes del gueto. 
 
¡Nada fuera de la “organización”, todo por ella! ¡Abajo el comunismo libertario! ¡Viva la “democracia económica y política”!

Seis de Belgrado: fin a casi ocho años de acoso de l@s compañer@s, y de presión del Estado serbio sobre la ASI

 
Comunicamos la decisión de la Corte Superior en Belgrado, que manifiesta que los miembros de ASI y vari@s anarquistas de Belgrado, están legalmente exent@s de cargos por el ataque sufrido en la embajada griega en Belgrado en 2009.

Esta sentencia pone fin a casi ocho años de acoso de l@s compañer@s, y de presión del Estado serbio sobre la ASI, organización anarcosindicalista adherida a la Asociación Internacional de l@s Trabajador@s (AIT). Las siguientes acciones de l@s compañer@s, están encaminadas a pedir responsabilidades tanto al Estado, medios de comunicación y otras instancias que participaron en la persecución y la tortura de l@s militantes y simpatizantes de ASI.

ASI (Iniciativa Anarcosindicalista) continuará luchando por un movimiento revolucionario de trabajador@s donde no tienen cabida ni l@s patrones ni el Estado. Nuestro mensaje a l@s enemig@s de la liberación de la clase obrera sigue siendo uno e inmutable: ¡Muerte al Estado y al capitalismo!
 
 
+ información:

lunes, 20 de febrero de 2017

Cómo hacer frente a un acosad@r laboral

 
 
Un acosador laboral es aquél que hostiga de manera continuada a un@ o vari@s trabajador@s ejerciendo una presión psicológica sobre ell@s, generando estrés, mal ambiente y situaciones de ansiedad. Es una conducta hostil intimidatoria continua que, aunque sea sutil, es muy dañina para la moral del/la trabajador/a.

El/la acosador/a (normalmente un jefe intermedio o en ocasiones un trabajador protegido por él/ella) descalifica continuamente las conductas y el trabajo de los empleados, difama y alienta los rumores negativos sobre ellos/as, da órdenes de forma continua solo para establecer su autoridad y reprende continuamente por cualquier motivo, haciéndolo de forma destructiva sobre las personas que quiere acosar. Fomenta el enfrentamiento entre trabajadores y el ambiente hostil, lo que repercute negativamente en el trabajo, que se realiza de forma desmotivada y desagradable. Por lo general además, el/la acosador/a se atribuye funciones que no le corresponden, amparándose en la impunidad (complicidad) que le otorga la empresa o centro de trabajo, extendiendo su autoridad a todos los ámbitos que se vea capaz. Por ejemplo, es frecuente que, no teniendo funciones de mando sobre el personal, se las atribuya a base de presión y amenazas sobre los trabajadores/as. Es un delator/a de cualquier mínima conducta, denunciando a la empresa cualquier actitud (a menudo inventada) de los/as trabajadores/as que se nieguen a aceptar su prepotencia. Por si fuera poco, casi siempre dedica su tiempo a esas actividades, eludiendo así realizar ningún trabajo productivo, que por supuesto tienen que realizar los demás. 

El acoso es un delito al que el Código Penal aplica pena de cárcel. El EBEP considera falta muy grave el acoso moral. La LPRL y la jurisprudencia establecen como responsable no solo al sujeto activo, sino a la empresa (y por tanto a sus cargos directivos) que, teniendo conocimiento de una situación de acoso, no adopte las medidas pertinentes para hacer cesar dicha conducta.
Gran parte de la impunidad de los/as acosadores/as se basa en la dificultad para denunciar y demostrar estas situaciones. Por eso antes de denunciar se recomienda sopesar bien la decisión y recopilar una buena cantidad de pruebas. Por supuesto, el acoso siempre lo ejercen de forma individual, buscando el momento para poder intimidar aisladamente.

Ante estas situaciones la CNT-AIT recomienda plantar cara y hacer frente al acosador o acosadora. No nos fiamos de la justicia; puedes estar años de juicios y perderlos, y mientras sigues sufriendo el acoso todos los días. Por otra parte, la división y el mirar para otro lado solo beneficia los propósitos del sujeto. En cambio, hay muchas acciones que sí son muy efectivas:

● No permitir el acoso aislado. Si tiene algo que decirnos, buscar la presencia de compañeros/as que escuchen todo lo que dice.
● Grabar siempre las conversaciones con él o ella. Una grabación es válida como prueba en un juicio si es de una conversación en la que participamos nosotros. También es efectivo hacerle creer que le estamos grabando, aunque no lo hagamos.
● Llevar una relación escrita de cada situación de acoso, anotando todos los datos (fecha, hora, testigos, descripción…)
● Despojarle de su autoridad. Tener claro cuáles son sus funciones y no permitirle que se atribuya otras. Ignorarle o negarse a cumplir mandatos que no se correspondan estrictamente con esas funciones. Ante instrucciones fuera de sus funciones o de nuestras obligaciones, exigirle que lo pida por escrito.
● Hacer el vacío al/a la acosador/a. Que se encuentre solo/a, no hablarle, no tratarle como un compañero/a (porque no lo es). Mostrarle nuestro desprecio.
● Recurrir a la solidaridad entre los/as trabajadores/as, algo que nunca deberíamos perder. Apoyarnos unos/as a otros/as, y si es preciso realizar reuniones (excluyendo al sujeto y sus cómplices) y tomar medidas colectivas. Recordad que nadie puede impedir que nos organicemos fuera de nuestro horario laboral.
● Valorar presentar escritos de queja a la empresa (o administración), siempre mejor de forma colectiva, sobre las actitudes del sujeto. 
 

La CNT-AIT no tolera el acoso, y aconseja pagar a los acosadores con su misma moneda. Contra la explotación, acción directa.
CNT-AIT, sin liberadas/os, sin subvenciones

CNT-AIT, León: Ciclo de Mujeres Anarquistas. Mujeres de la CNT-FAI


 
 Viernes 24 de Febrero a las 20:30 h. 
Local CNT-AIT, Calle Fruela II, Nº 9. San Mamés
 
El Ciclo de Mujeres Anarquistas descubre el testimonio de seis mujeres que participaron activamente contra el alzamiento fascista en 1936, entre ellas Concha Liaño Gil (fundadora del movimiento Mujeres Libres) y Concha Pérez ( miliciana de CNT ).

sábado, 18 de febrero de 2017

Navantia, suma y sigue: entre las penalizaciones y el macrosueldo de su presidente


La reciente entrega por parte de Navantia del flotel “Orgullo Petrolero” a Pemex, con varios meses de retraso sobre la fecha prevista, sigue dejando sospechas sobre la viabilidad económica de la obra. Mientras tanto, el presidente de los astilleros públicos, José M. Revuelta, cobró 177.980 euros, unos "miseros" 15.000 euros al mes...
 
Fuentes cercanas a los trabajadores en Navantia Ferrol estima que el montante de las penalizaciones por los seis meses de retraso –estaba comprometido para julio– podrían ascender a 5 millones de euros, según las cláusulas estipuladas en el contrato del proyecto a este respecto, aunque la empresa pública no ha dado a conocer de manera oficial las condiciones de este acuerdo.
 
También es cuestionado cuál era el margen de beneficio de la obra del flotel para Pémex. Según, la dirección del astillero, este, admite en el balance de la cuenta de resultados del primer semestre de 2016 importantes pérdidas en el apartado de las obras públicas. Por ello, han sido solicitados por el PSOE los datos desglosados para identificar qué proyectos eran los que habían generado estas pérdidas.

Sin embargo, hace un par de días la dirección de Navantia contesta que las cuentas no estan auditadas y no pueden ofrecer tal información, la cual se conocerá en torno al mes de marzo “cuando esté todo fiscalizado”. Desde el grupo socialista se inclinan a pensar que podría tratarse, principalmente, del flotel de Pemex o de los petroleros Suezmax.
 
Pero es del conocimiento de todos y a través de fuentes de la propia empresa, que la penalización impuesta por la petrolera a Navantia por cada día de retraso podría oscilar entre los 30.000 y los 40.000 euros, lo que arrojaría una cifra similar a los 5 millones de euros.

Mientras tanto...
El presidente de los astilleros públicos ingresó 177.980 euros, unos 15.000 euros al mes. José Manuel Revuelta ha salido airoso de dos pruebas que parecían insalvables. La primera en el año 2013, cuando las gradas de los astilleros públicos se vaciaban y Navantia engordaba un agujero financiero todavía pendiente de resolver.

Sueldo de lujo

Pero por el momento, José Manuel Revuelta continúa al frente de los astilleros, respaldado por los últimos contratos y con uno de los sueldos más elevados entre los altos cargos del Gobierno. En el ejercicio 2016, según acaba de publicar Navantia conforme a las exigencias de la normativa de transparencia, ingresó 177.980 euros, algo más de 14.800 euros anuales.

La remuneración es más del doble que la del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que el curso pasado tuvo una retribución de 78.966 euros. Pese a todo, para Revuelta representa un descenso respecto a los 194.078 euros que ingresó en 2015 y los 183.015 euros de 2014. En el breve comunicado de Navantia se especifica que la retribución incluye la recuperación de la parte proporcional correspondiente a la paga extraordinaria suprimida de diciembre de 2012.

Récord de pérdidas

Entre los altos cargos designados por el Gobierno, los salarios de Ramón Aguirre al frente de Sepi, unos 218.000 euros anuales, y de José Manuel Revuelta en Navantia han sido los más señalados durante la crisis económica. En el caso de Revuelta se añadió la crisis que sufrió la propia Navantia por la falta de contratos y por el declive económico que obligó a fuertes inyecciones de las arcas públicas para mantener la empresa a flote.

Aunque las cifras están sin cerrar, las pérdidas netas de los astilleros públicos superaron en 2016 los 200 millones de euros. De confirmarse el dato, se convertiría en el récord negativo de Navantia, superando los números rojos de 167 millones de 2015.

CNT-AIT, Tarragona: crónica del piquete en el Ametller de Tarragona.



El sábado 11 de febrero en apoyo del conflicto que mantiene el SOV de CNT-AIT de Albacete con la empresa Culset SL, cuyos productos vende el L' Ametller, hemos realizado un piquete informativo donde se han repartido octavillas y hemos puesto en conocimiento de la clientela las condiciones de impago y vulneración de los derechos laborales que existen en esta empresa Culset SL, cliente de la cual es L'Ametller.  

El piquete ha tenido muy buena acogida, recibiendo expresiones de apoyo de las personas que pasado. Esta es una muestra de solidaridad entre la clase trabajadora unida, defendiendo nuestros derechos tod@s a una
Desde CNT-AIT denunciamos a la cadena de establecimientos Casa Ametller por la situación de explotación que existe tras las mazorcas de maíz dulce y setas, que LA TEVA MASIA DEL S. XXI. Comercializa. Esta empresa recurre a la actividad de muchas otras satélites que realizan la recolección y envasado de sus productos. Éste es el caso de una empresa llamada Culset S.L. dedicada al envasado de algunos de estos productos en la provincia de Cuenca.

Desde hace algunos meses CULSET S.L., en representación de Antonio Aroca Abarca, lleva provocando una situación de impagos, que se ha extendido durante meses sobre toda la plantilla. Impagos que se llevan repitiendo desde el mes de agosto del año pasado, sin que trabajadores reciban sus salarios, respondiendo la empresa mediante evasivas y faltando a la palabra con promesas. Pero algunos trabajadores están cansados de esta situación. Mientras los obreros cumplen con su trabajo y consiguen que los pedidos salgan en tiempo y forma a las empresas clientes, se encuentran con patrones pufistas que no pagan a sus trabajadores, sabiendo que siempre habrán otros a los que poder engañar y explotar. 


Casa Ametller, conscientes, o no, de las prácticas que realizan estas empresas, saben que muchas de estas empresas son pequeñas y sus pedidos suponen en muchos casos una parte importante de su actividad económica, por lo que se hacen cómplices de las situaciones que los patrones producen, ya que comercializan sus productos y mantienen su actividad explotadora. 


Por todo esto, desde CNT-AIT declaramos boicot contra Culset S.L. y sus empresas clientes, pedimos a la clase trabajadora que no compre productos de la Casa Ametller y exigimos a esta empresa que se posicione públicamente, para que se resuelva esta situación de impagos, que lleva produciéndose ya 6 meses. 


CNT-AIT, Tarragona

Marca España: 90 personas dependientes mueren al día sin materializar su derecho a una atención

 
 
Unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención, según el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. 
 
El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 
 
De esa población con dependencia reconocida y derecho por tanto a recibir alguna prestación o servicio, el 28,69%, 348.309 personas, no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas 122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado. 
 
No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el 45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el 41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón, con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al 35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y Extremadura, con el 30,45%. Castilla y León tiene la menor lista de espera En el lado opuesto, siguen a Castilla y León con menor lista de espera de dependencia Ceuta y Melilla, con un 4,11; Madrid, con un 14,42%; Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%. En los límites de la media nacional se encuentran Baleares (21,36%), País Vasco (22,48%), Cantabria (23,28%), Comunidad Valenciana (24,36%), Galicia (26,16%) y La Rioja (27,255), según el informe. 
 
"En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Por supuesto que estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones", denuncia el Observatorio. Por otra parte, se refiere al presupuesto para la atención de estos dependientes señala que "el recorte acumulado" de la Administración General del Estado en dependencia desde 2012 "es de 3.734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares". 
 
En concreto, afirma que la financiación a las comunidades autónomas (nivel mínimo y acordado) desde julio de 2012 a hasta diciembre de 2016 se ha reducido en 2.236 millones de euros. Mientras, en las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de invertido "casi mil millones de euros", recortes estos que además, "supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema", según el observatorio.
 
"Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio", dice el informe.
 
 
Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras el resto (1.455,3 millones) lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supondría un 20%". Existe otro "copago añadido" soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del usuario y de una inspección y control públicos adecuados, señala la organización. El estado aporta el 17% y no el 50% concluye así que del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades autónomas el 83% restante, muy lejos de la pretendida aportación al 50%" e incide en que en 2016, se generaron 35 empleos directos por cada millón de euros de gasto público, con una tasa de retorno del 39,5%. Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera se generarían más de 90.000 empleos directos.
Unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención, según el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. De esa población con dependencia reconocida y derecho por tanto a recibir alguna prestación o servicio, el 28,69%, 348.309 personas, no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas 122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado. No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el 45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el 41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón, con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al 35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y Extremadura, con el 30,45%. Castilla y León tiene la menor lista de espera En el lado opuesto, siguen a Castilla y León con menor lista de espera de dependencia Ceuta y Melilla, con un 4,11; Madrid, con un 14,42%; Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%. En los límites de la media nacional se encuentran Baleares (21,36%), País Vasco (22,48%), Cantabria (23,28%), Comunidad Valenciana (24,36%), Galicia (26,16%) y La Rioja (27,255), según el informe. "En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Por supuesto que estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones", denuncia el Observatorio. Por otra parte, se refiere al presupuesto para la atención de estos dependientes señala que "el recorte acumulado" de la Administración General del Estado en dependencia desde 2012 "es de 3.734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares". En concreto, afirma que la financiación a las comunidades autónomas (nivel mínimo y acordado) desde julio de 2012 a hasta diciembre de 2016 se ha reducido en 2.236 millones de euros. Mientras, en las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de invertido "casi mil millones de euros", recortes estos que además, "supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema", según el observatorio. Cantabria, la que más invierte Al cierre del año pasado, la comunidad autónoma donde más dinero se invertía por habitante potencialmente dependiente era Cantabria, con 906,51 euros, seguida del País Vasco, con 898,09 euros. Les siguen por encima de la media nacional, que está en 554,97 euros, La Rioja, que destinó 767,59 euros; Castilla-La Mancha, con 758,03 euros; Madrid, donde son 675,24; Murcia, 651,44 euros; Cataluña, 628,25 euros; Andalucía, 613,48; y Extremadura, con 610,80 euros. En el lado opuesto, Canarias, con 300,10 euros, es la comunidad autónoma que menos invierte por dependiente, junto a Valencia, con 366, 73; Baleares, con 409,6 euros; Galicia, donde son 409,69; Aragón, que llega a 424,97 euros; Asturias, con 443,35; y Ceuta y Melilla, que están en 484,68 euros por cabeza. Navarra, con 529,33 es la más cercana a la media nacional. "Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio", dice el informe. Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras el resto (1.455,3 millones) "lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supondría un 20%". "Existe otro "copago añadido" soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del usuario y de una inspección y control públicos adecuados", señala la organización. El estado aporta el 17% y no el 50% Concluye así que del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades autónomas el 83% restante, "muy lejos de la pretendida aportación al 50%" e incide en que en 2016, se generaron 35 empleos directos por cada millón de euros de gasto público, con una tasa de retorno del 39,5%. "Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera se generarían más de 90.000 empleos directos", asegura. Con estos y otros indicadores como las tasas de dictamenes de valoración en que no se asigna grado al dependiente o el incremento y decremento anual de personas atendidas, el observatorio asigna puntuaciones a las distintas comunidades autónomas por su gestión del SAAD. Ocho suspenden y sólo dos superan el notable, mientras el resto se quedan entre un 'suficiente' y un 'bien'. La nota media para toda España no llega al cinco: 4,96 sobre 10. En concreto, Castilla y León saca un 8,93 y La Rioja consigue un 7,86, las dos notas más altas de la tabla. Después van Andalucía, con un 6,79; Castilla La Mancha, con 6,79; Madrid, Galicia y Murcia que obtienen 6,07 puntos; País Vasco saca un 5,36; y Extremadura un 5. Suspenden Asturias, con un 4,64; Ceuta y Melilla con un 4,29; Cataluña, que tiene un 3,93; Baleares y Cantabria, con 3,57: Comunidad Valenciana con un 3,21; Navarra con 2,86; Aragón con un 2,5; Canarias 1,79.

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2963105/0/dependientes-mueren-sin-recibir-ayuda/#xtor=AD-15&xts=467263
Unas 150.000 personas dependientes con derecho reconocido a recibir alguna prestación o servicio han fallecido en los últimos cinco años sin llegar a percibir esas ayudas, es decir, unas 90 personas mueren al día esperando que se materialice su derecho a una atención, según el XVII Dictamen del Observatorio de la Dependencia que elabora anualmente la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales. El trabajo analiza a nivel nacional y por comunidades autónomas los datos oficiales del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) a 31 de diciembre de 2016, cuando constaban 1.213.873 personas en situación de dependencia reconocida y otras 103.238 que estaban pendientes de valoración, lo que significa que el 2,6% de la población necesita apoyos de mayor o menor intensidad para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. De esa población con dependencia reconocida y derecho por tanto a recibir alguna prestación o servicio, el 28,69%, 348.309 personas, no estaba recibiendo ayuda de ningún tipo, aunque el 35% de ellas, unas 122.000, han sido diagnosticadas como dependientes de grado II o grado III, de modo que tienen necesidades de apoyo extenso y en ocasiones continuado. No obstante, la tasa de lista de espera varía en función de las comunidades autónomas, pues mientras en Castilla y León sólo el 0,61% de los dependientes reconocidos están esperando, en Canarias son el 45,22%. Por encima de la media nacional están también Cataluña, donde el 41,72% de los dependientes aún no tienen la ayuda reconocida; Aragón, con el 37,36% esperando; Castilla-La Mancha, donde la lista llega al 35,96%; Andalucía con un 35,82%; Navarra, donde es del 30,75%; y Extremadura, con el 30,45%. Castilla y León tiene la menor lista de espera En el lado opuesto, siguen a Castilla y León con menor lista de espera de dependencia Ceuta y Melilla, con un 4,11; Madrid, con un 14,42%; Asturias, donde la tasa está en el 15,6%; y Murcia, con un 16,48%. En los límites de la media nacional se encuentran Baleares (21,36%), País Vasco (22,48%), Cantabria (23,28%), Comunidad Valenciana (24,36%), Galicia (26,16%) y La Rioja (27,255), según el informe. "En los últimos cinco años, se estima en 150.000 el número de personas dependientes con derecho reconocido que causó baja por fallecimiento sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios. Por supuesto que estas personas no fallecieron por esa causa, pero sí lo hicieron con la expectativa incumplida de ejercer sus derechos y recibir atenciones", denuncia el Observatorio. Por otra parte, se refiere al presupuesto para la atención de estos dependientes señala que "el recorte acumulado" de la Administración General del Estado en dependencia desde 2012 "es de 3.734 millones de euros considerando la supresión del nivel acordado, la reducción del nivel mínimo y la supresión de las cotizaciones de cuidadoras familiares". En concreto, afirma que la financiación a las comunidades autónomas (nivel mínimo y acordado) desde julio de 2012 a hasta diciembre de 2016 se ha reducido en 2.236 millones de euros. Mientras, en las cuantías de las prestaciones por cuidados familiares el Estado ha dejado de invertido "casi mil millones de euros", recortes estos que además, "supusieron una fase de la parálisis y retroceso generalizado del sistema", según el observatorio. Cantabria, la que más invierte Al cierre del año pasado, la comunidad autónoma donde más dinero se invertía por habitante potencialmente dependiente era Cantabria, con 906,51 euros, seguida del País Vasco, con 898,09 euros. Les siguen por encima de la media nacional, que está en 554,97 euros, La Rioja, que destinó 767,59 euros; Castilla-La Mancha, con 758,03 euros; Madrid, donde son 675,24; Murcia, 651,44 euros; Cataluña, 628,25 euros; Andalucía, 613,48; y Extremadura, con 610,80 euros. En el lado opuesto, Canarias, con 300,10 euros, es la comunidad autónoma que menos invierte por dependiente, junto a Valencia, con 366, 73; Baleares, con 409,6 euros; Galicia, donde son 409,69; Aragón, que llega a 424,97 euros; Asturias, con 443,35; y Ceuta y Melilla, que están en 484,68 euros por cabeza. Navarra, con 529,33 es la más cercana a la media nacional. "Los costes de oportunidad solo por no haber mantenido la ya parca financiación estatal inicial entre 2012 y 2016 se cifran en una pérdida acumulada de 900 millones de euros en recaudación directa por cuotas a la Seguridad Social, IRPF, IVA e Impuesto de Sociedades y en haber desperdiciado la oportunidad de generar 78.000 puestos de trabajo netos y anclados al territorio", dice el informe. Asimismo, asegura que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2016 asciende a 7.116,1 millones de euros, de los cuales las administraciones públicas aportaron 5.670,8 millones mientras el resto (1.455,3 millones) "lo aportan los usuarios en forma de copago regulado, lo que supondría un 20%". "Existe otro "copago añadido" soportado por muchos ciudadanos, no regulado y de muy difícil cálculo que se deriva de la utilización errónea de la prestación vinculada al servicio cuando esta no se acompaña de una regulación del mercado de cuidados, de las normas que aseguren el acceso a los servicios y la libre elección por parte del usuario y de una inspección y control públicos adecuados", señala la organización. El estado aporta el 17% y no el 50% Concluye así que del gasto público directo en dependencia en 2016, la Administración General del Estado soportó el 17% y las comunidades autónomas el 83% restante, "muy lejos de la pretendida aportación al 50%" e incide en que en 2016, se generaron 35 empleos directos por cada millón de euros de gasto público, con una tasa de retorno del 39,5%. "Si se atendiera ya a las 350.000 personas en espera se generarían más de 90.000 empleos directos", asegura. Con estos y otros indicadores como las tasas de dictamenes de valoración en que no se asigna grado al dependiente o el incremento y decremento anual de personas atendidas, el observatorio asigna puntuaciones a las distintas comunidades autónomas por su gestión del SAAD. Ocho suspenden y sólo dos superan el notable, mientras el resto se quedan entre un 'suficiente' y un 'bien'. La nota media para toda España no llega al cinco: 4,96 sobre 10. En concreto, Castilla y León saca un 8,93 y La Rioja consigue un 7,86, las dos notas más altas de la tabla. Después van Andalucía, con un 6,79; Castilla La Mancha, con 6,79; Madrid, Galicia y Murcia que obtienen 6,07 puntos; País Vasco saca un 5,36; y Extremadura un 5. Suspenden Asturias, con un 4,64; Ceuta y Melilla con un 4,29; Cataluña, que tiene un 3,93; Baleares y Cantabria, con 3,57: Comunidad Valenciana con un 3,21; Navarra con 2,86; Aragón con un 2,5; Canarias 1,79.

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miércoles, 15 de febrero de 2017

Asesórate ante el acoso laboral


En la CNT-AIT debemos ser capaces de combatir el acoso laboral en el momento que se produce y, al mismo tiempo, poner en marcha nuestra maquinaria revolucionaria para transformar la sociedad.

 En los últimos años estamos sufriendo en los trabajos la transformación de las empresas en un oscuro escenario donde el acoso, el miedo, la sobrecarga de trabajo y la manipulación de la información son el pan nuestro de cada día. Hablamos de acoso laboral, mobbing, hostigamiento, psicoterror e incluso bobbing, que son formas de describir lo mismo, el miedo que nos generan otras personas en los tajos, a veces tanto que afecta no solo a nuestro trabajo sino incluso a nuestra vida personal.

El término acoso se considera una forma característica de estrés laboral y se define como una situación en la que una persona o grupo de personas (empleador, representante de la empresa, mando intermedio, compañeros) ejercen una presión psicológica externa, de forma sistemática (al menos una vez por semana) durante un tiempo prolongado (más de seis meses) sobre otra persona del lugar de trabajo. Es decir, se trata de una conducta hostil o intimidatoria continuada frente a un trabajador en el marco de la relación por cuenta ajena.

Se diferencia así de otros tipos de acoso, como “estar quemado” o “burn-out”, motivado por la relación del trabajador con los clientes o usuarios de la empresa en la que trabaja y la presión que sufre por el trato con éstos. Hay que tener en cuenta que el principal objeto del acoso es hacer el vacío al trabajador, provocar su humillación, generarle un sentimiento de inferioridad y/o el abandono de su puesto de trabajo.

Si se dirigen a ti frecuentemente en términos ofensivos, si has visto reducidos tus maneras de comunicarte, sino recibes la información necesaria para trabajar adecuadamente, si manipulan la información que tú emites, sino tienen en cuenta tus opiniones, si te asignan tareas que atenten contra tu dignidad, si los objetivos marcados son imposibles de cumplir, si te prohíben hablar con tus compañeros, si eres objeto de rumores infundados tanto del trabajo como de tu vida privada, si sufres amenazas o injurias, … sufres acoso.

No existe legislación específica sobre el acoso laboral, no existen técnicos de prevención cualificados que lo identifiquen y evalúen para prevenirlo, no existen muchos profesionales que sean capaces de diagnosticarla y poner un remedio adecuado (si es que existiese), no se puede o es difícil de demostrar que se ha producido, no está reconocido como enfermedad profesional… pero sin embargo en el año 2001 (no hay encuestas más recientes) un 9% de encuestados en la UE manifestó haber sufrido acoso laboral durante el ese año. Si las estadísticas no mienten, hablamos de 12 millones de trabajadores afectados, y demasiados noes.

El despido sin causa no existe en nuestra legislación, con lo cual para despedir a un trabajador el empresario siempre tiene que basarse en alguna de las causas de despido establecidas legalmente. Es una práctica habitual que la empresa utilice el acoso como instrumento para deshacerse de los empleados “molestos” cuando no se les pueda reprochar nada y con la gran ventaja de no suponer un coste económico. 
 
Ante el acoso:

Buscar ayuda e información: tanto para apoyo psicológico como asesoramiento laboral. Nunca hay que enfrentarse al problema sólo porque no se está en condiciones de afrontar la situación. En primer lugar se puede buscar apoyo en algún compañero de confianza dentro de la empresa que nos ayude a recabar la información y nos pueda servir de testigo. No hay que olvidar que el sindicato siempre está ahí y será la mejor herramienta para solucionar el conflicto. 

 
Informar a la empresa de lo que está pasando (por escrito): muy importante para implicar a la empresa desde el principio y poder empezar cualquier acción futura: legal o acción directa. La comunicación debe ser lo más objetiva posible, y mejor con asesoramiento.

Una vez informada la empresa está obligada a tomar medidas para eliminar ese acoso en el momento de recibir la comunicación (según la Ley de Prevención) y si no es así, es el momento de actuar. Es importante tener claro que el acoso siempre es responsabilidad de la empresa ya sea el acosador un compañero de trabajo o un jefe.

Buscar el apoyo de tus compañeros dentro y fuera del trabajo. Le acosador tratará de aislar del resto de sus compañeros al trabajador, lo que remarcará su sentimiento de culpa.

Si el acoso continúa se puede actuar en dos frentes, interponer una denuncia en la inspección de trabajo, y buscar una solución con acción directa. La mejor forma de enfrentarse al acoso es plantar cara con contundencia y de manera colectiva al acosador porque cuanto más débil e indefenso te vean más te acosarán.

Lo que aquí hemos expuesto son posibles medidas- que podríamos considerar reformistas- para hacer frente al acoso laboral a corto-medio plazo. Como anarcosindicalistas debemos ir a la raíz de los problemas que nos rodean. Si el acoso laboral se produce de manera cotidiana es porque vivimos en un sistema socio-político que favorece la creación y perpetuación de espacios para ese acoso. Mientras haya clases sociales, jerarquías, autoridad, centralización de poder en pocas manos, trabajo asalariado, amenaza de despido permanente… habrá acoso. Por muchos inspectores que se pongan, medidas preventivas, leyes…en un contexto capitalista y autoritario existirá el acoso.

Por eso en la CNT-AIT debemos ser capaces de combatir el acoso laboral en el momento que se produce y, al mismo tiempo, poner en marcha nuestra maquinaria revolucionaria para transformar la sociedad.

Ante el acoso: Acción Directa

martes, 14 de febrero de 2017

CNT-AIT, Albacete: sigue el pulso contra Culset SL por la finalización de los impagos


El pasado sábado 11 de febrero, un grupo de compañeros y compañeras de nuestro Sindicato de Oficios Varios de Albacete de la CNT-AIT acudió a Casas de Haro, para apoyar a los compañeros y compañeras que llevan meses sin cobrar en la empresa Culset S.L. Nada más llegar, un grupo de tres compañeros entraron en la nave para preguntar por Antonio Aroca, y poder reunirnos con él. Al entrar pudimos comprobar que las cajas de Casa Ametller, una de las empresas que hasta la fecha habían sido una de sus clientes más importantes ya no estaban en la nave. En ese momento confirmamos que la acción directa y el boicot les cerró el negocio en la región de Cataluña.

A nuestras llamadas acudió un grupo de trabajadoras de la empresa, que nos informó que llevaban algunos días sin ver al jefe. Hablamos con ellas y les informamos de la situación en la que se encontraban, animándolas a organizarse en el sindicato y a defender sus derechos y sus salarios frente a los explotadores.

Al observar la ausencia del jefe, decidimos hacerle venir como fuera. El grupo de anarcosindicalistas decidió hacer un pasacalles por las calles más concurridas del pueblo informando de la situación de los trabajadores de Culset que llevaban con esta situación de impagos desde el mes de agosto y su jefe les había estado pagando migajas para que siguieran en la empresa.

Repartimos cientos de panfletos por el pueblo, explicando la situación de impagos. Vecinos y vecinas se asomaban por las ventanas y salían a las terrazas para observarnos y escuchar lo que deciamos. Recorrimos supermercados, bares, informando de la situación del conflicto, allí donde en ese momento se encontraba la gente. Finalmente nos decidimos a terminar el pasacalles otra vez frente a la empresa. La familia se había enterado de nuestra presencia en el pueblo, y una vez en la puerta de la empresa llegó Antonio Aroca.

Conseguimos lo que nos propusimos, que Antonio Aroca acudiera al lugar donde se le exigía su presencia. Tras un intento de conversar con él y hacerle entrar en razón para que pagara a los trabajadores lo que les debía, se mantuvo una discusión acalorada, y finalmente se reafirmó a no pagar hasta que llegara el día del juicio.

Durante toda la tarde y el día siguiente, el tema de conversación era nuestra presencia en el pueblo, que se debía a que Antonio Aroca y Culset SL no pagaba a sus trabajadores.

Sin ninguna duda, el boicot obrero y la acción directa solidaria entre trabajadores ha dado sus frutos. Todavía no hemos conseguido que pague lo que debe pero hemos conseguido que en el pueblo sepan de que madera está hecho este empresario, para que no vuelva a engañar a nadie más. Pero lo mejor de todo es que esto no ha terminado y seguiremos peleando por que se le pague a nuestro compañero el esfuerzo y el trabajo realizado.
¡CULSET SL Y ANTONIO AROCA, NO PAGA LO QUE DEBE A LOS TRABAJADORES!
¡BOICOT A LOS EXPLOTADORES!
SI NADIE TRABAJA POR TI, QUE NADIE DECIDA POR TI