La Policía investiga el papel de CCOO en el pago de los ERE. La juez se pregunta por qué el "sindicato" colaboracionista fue tomador de una póliza de tres millones de euros para once trabajadores. Tanto UGT como CCOO obtienen ingresos por asistir "profesionalmente" a los trabajadores y a las empresas en los Expedientes de Regulación de Empleo aunque aún no se ha hecho pública una relación de ingresos por estos conceptos.
Por intermediar el ERE de una empresa de electrodomésticos, se denunció en su día que UGT y CCOO habían cobrado 6.500 euros cada uno en concepto de honorarios. Según UGT, estos honorarios servían para cubrir los gastos de los no afiliados y se suman, claro, a las subvenciones que los "sindicatos" vendeobreros cobran de los Presupuestos Generales del Estado, de las Comunidades Autónomas e incluso de Diputaciones y Ayuntamientos. Por su parte, el PSOE , en defensa de sus sicarios saca la artillería contra la juez y la acusa de filtrar papeles a la prensa.
Una póliza de tres millones fue tomada por la Federación de Industria de Comisiones Obreras de Andalucía y que se destinó a once trabajadores. Naturalmente, el hecho se incluye entre las pesquisas que la juez de instrucción número seis de Sevilla, ha encargado a la Policía. En el auto que ordena la investigación, firmado hace un mes, se solicitaba que se investigasen "todas las circunstancias relativas a que el tomador de la póliza sea CCOO de Andalucía y como llega a asumir tales funciones". Además la juez ordena que se investigue por qué para esta empresa y sólo para once prejubilados se destinan casi once millones mientras que para otras en las que el número de prejubilados es muy superior (por ejemplo Surcolor con 26) la cantidad de la prima es inferior.
El auto ordena que "se practiquen todas las gestiones encaminadas a explicar por qué el tomador es la organización CCOO y cómo llega a asumir tales funciones y quién abona las primas". Y le reclama los certificados individuales de adhesión de todos los prejubilados así como que se aporten las vidas laborales de los trabajadores acogidos al ERE y de los intrusos señalados por la Junta Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández Garzón. Ese auto, en el que la juez advirtió al ex consejero Antonio Fernández y al ex director General de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, de que serán imputados de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias, también imputa a otros presuntos intrusos. Se trata de Patrocinio Sierra (esposa de Juan Lanzas), María Nieves Ruiz, María José Martínez y Ángeles Sierra. Además de pedir el organigrama de los directores generales de Trabajo y directores del IFA también pide a la Agencia Tributaria que investigue las repercusiones fiscales de las rentas percibidas por intrusos.
La investigación abarca la póliza financiada por la Junta de Andalucía con una prima de 812.989 euros para Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. O el por qué, después de transferir un millón a Hitemasa, a Dirección General de Trabajo distribuyó partes de esa cantidad: 400.000 euros a Graficrommo, 155.808 al Grupo Cortefiel y 300.000 euros a Antonio García, Alejandro Millán y Rafael Ruiz. La juez ha pedido igualmente las vidas laborales de otros dos intrusos señalados por la Junta, en el ERE de Calderinox Juan Rodríguez Cordobés y Antonio Fernández, quién es Estrella Blanco y la inclusión de José Antonio Márquez y Manuel López en el ERE de Surcolor. También la vida laboral de doce trabajadores incluidos en el ERE de Springer Arteferro.
