jueves, 8 de junio de 2017

Presupuestos Generales del Estado: reparto asignado a "sindicatos", patronal y partidos políticos


Lejos de la creencia u obligación de comulgar que con la muerte del dictador, hace más de 40 años, fuese necesario crear (sus) "agentes sociales" y (sus) partidos políticos y dotarles presupuestariamente, veamos que les regala los Presupuestos Generales a partidillos, "sindicatos" y Patronal, (leales al regimen).
Aunque no aparece detalle alguno, el Congreso y el Senado acumulan casi 17 millones para financiar a los partidos políticos según su representación. A lo que habría que añadir el coste de sus asesores que abonan las cámaras a cargo del contribuyente (11,2 millones).

En Exteriores se ocultan 900.000 euros más para las fundaciones de los partidos con representación parlamentaria. En Interior aparecen 68,2 millones más para la financiación directa a los partidos. De ellos, 15,5 millones corresponden a subvenciones de gastos electorales, aunque para 2017 no se prevén convocatorias. El coste de este programa se eleva a más de 72,1 millones incluyendo al personal con que se dota la gestión. A estas cifras se añaden otros 2,7 millones para gastos de seguridad de los grupos políticos.

En Educación consta un millón más para gastos de funcionamiento de fundaciones y asociaciones vinculadas a los partidos "para actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político y social". Para misiones de observación electoral fuera de España, Exteriores habilita 133.00 euros.

Aunque se han ido modificando a la baja las asignaciones directas a los partidos, aumenta la financiación indirecta

Dinero público para los "sindicatos"

No sólo reciben financiación del Estado los "sindicatos" de clase CC.OO., UGT, CGT. El reparto es amplio. Por ejemplo, en la letra pequeña de los gastos de Hacienda y Función Pública figuran 619.000 euros para "apoyo instrumental a la negociación colectiva" de los "sindicatos" en la Administración Central. Lo más curioso es que no existe negociación colectiva alguna, al menos en los últimos cinco años.
En Interior, las "organizaciones sindicales" de la Policía reciben 237.000 euros, más otros 23.000 por participar en los órganos consultivos. A la Asociación Profesional de la Guardia Civil se destinan 120.000 euros. Educación emplea 92.000 euros para la participación de los empleados públicos en la negociación colectiva en los centros docentes no universitarios y hay otros 20.000 para los "sindicatos universitarios", así como 362.000 euros más para los "sindicatos" de la enseñanza privada sostenida total o parcialmente con fondos públicos.

En los gastos de Hacienda y Función Pública figuran 619.000 euros para "apoyo instrumental a la negociación colectiva".

Por su parte, Empleo destina tres millones para la representación de "sindicatos" y organizaciones empresariales en los órganos consultivos y 8,9 millones más para financiar a las centrales sindicales según sus resultados electorales. Indirectamente hay que añadir el gasto de 3,9 millones como inversión en el Patrimonio Sindical Acumulado y los más de siete millones que recibe para sus fines el Consejo Económico y Social (CES), organismo con representación sindical y patronal.

En concreto, las centrales y las organizaciones empresariales reciben directamente más de 1,2 millones por su participación en este organismo consultivo. También existe una partida de 1,5 millones para sufragar los gastos de funcionamiento de las organizaciones de autónomos, cooperativas y sociedades laborales. Además, este ministerio mantiene 39 millones para la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, en la que intervienen los sindicatos y la patronal. Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad subvenciona también a la CEOE directamente con 250.000 euros para el programa de liderazgo y promoción de las mujeres directivas.

Por su parte, Agricultura tiene previsto 2,5 millones para las organizaciones profesionales agrarias y 400.000 para los sindicatos de los trabajadores del sector agroalimentario. Y hay que sumar casi otro millón más para las organizaciones agrarias y profesionales para el programa de modulación de los riesgos en la producción.