jueves, 5 de abril de 2018

Perdiendo el norte: Navantia lleva a sindicalistas a los juzgados por ejercer el derecho a la huelga



La huelga protagonizada este pasado otoño por l@s trabajador@s de la industria auxiliar de Navantia ha acabado en los juzgados. La empresa pública ha demandando a varios sindicalistas del sindicato CIG… es decir, por ejercer el derecho a la huelga, por salir en defensa de los derechos de l@s trabajador@s de la industria auxiliar de las factorías de Ferrol y Fene.


El juzgado de lo Social número 2 de Ferrol dejó ayer visto para sentencia la vista por la demanda de Navantia contra la central sindical CIG y el comité de huelga por el paro de 22 días del otoño pasado en la industria auxiliar de las factorías de Ferrol y Fene, encausando como responsables a sindicalistas de las movilizaciones y los piquetes de aquellos días.

Aunque el astillero público, en un primer momento, había hecho público que pediría una indemnización de 1,78 millones de euros al sindicato por los daños derivados de este conflicto, el abogado de Navantia, detalló en la vista que la pretensión de la demanda tiene un carácter declarativo.
 
En concreto, la denuncia vino motivada por los sucesos ocurridos en los tres primeros días laborales de la huelga (5, 6 y 9 de octubre), cuando la presencia de piquetes informativos en la puerta de los astilleros originó que l@s trabajador@s de Navantia –que no estaban en huelga, y mostrando su insolidaridad, una vez más con l@s de las Auxiliares– no accediesen a su puesto de trabajo. Durante la vista se detalló que de los 1.800 emplead@s que diariamente acceden a las factorías, durante esas tres jornadas solo lo hicieron 87, 85 y 145, respectivamente.



Por su parte, el letrado de la CIG y del comité de huelga, arguyó que Navantia no es la empleadora de l@s huelguistas y que, por lo tanto, no puede pedir que los paros se declaren ilegales. Al mismo tiempo, aludió a la falta de capacidad de los cuatro denunciados de asumir nominalmente la responsabilidad de un conflicto colectivo.

La defensa contó con el testimonio de dos trabajadores de Navantia que aseguraron que el primer día de huelga, ante la presencia del piquete, la plantilla de la principal decidió en una asamblea auspiciada por responsables del comité no entrar en la factoría. Y que lo mismo ocurrió el viernes 6 y el lunes 9, hasta que el martes decidieron volver a sus puestos de trabajo. Sin embargo, los abogados de Navantia aportaron el vídeo de una comparecencia ante los medios del sindicalista Vicente Vidal (CIG) asegurando que no habían permitido la entrada de ningún/a trabajador/a en las instalaciones.

Parar la producción
 
Por ello, los letrados de la acusación creen que el objetivo de la CIG y del comité de huelga era paralizar la factoría, afectando así a terceras personas –l@s emplead@s del astillero público– que no estaban secundando los paros. “Solo se dejó entrar a la gente de seguridad y al personal de emergencias, cuya presencia no afecta a la producción”, arguyó. Ante esto, han solicitado que se declare esta huelga ilegal para evitar que en un futuro se haga un “sobreuso de este derecho”.
 
La defensa, por su parte, considera que estas acciones legales de Navantia persiguen amedrentar y disuadir a l@s trabajador@s para otros momentos en los que pretendan hacer uso de ese derecho de huelga. “A la gente de la industria auxiliar la quieren explotada y callada”, aseguran desde CIG.

Recordemos que, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) perdió 151 millones de euros en 2016, un 13,86% menos que en el año anterior. Los resultados del grupo se vieron lastrados por las pérdidas registradas por Navantia (303,84 millones de euros) y Hunosa (112,5 millones de euros). 
 
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